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A seis años, paradero de los 43 aún es prioridad

A 6 años de la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, los familiares de las víctimas y sus aconsejes legales estimaron que va a ser complicado tener una versión precisa sobre de qué forma ocurrió este crimen, con lo que su prioridad es que se castigue a los responsables de estos hechos y se dé con el paradero de los jóvenes.

Los abogados del caso reconocen que este año ha tenido muchos avances que van a facilitar el acceso a la justicia para los progenitores de los normalistas, mas la enorme cantidad de personas implicadas en el crimen, como el tiempo que ha pasado, hace que cada vez sea más bastante difícil conocer cuál fue la auténtica historia de la desaparición de los normalistas.

“Para las familias lo esencial no es que haya una nueva versión, aun reconocen que va a ser bastante difícil tener una versión que instante a instante reconstruya todo lo sucedido, a 6 años eso es bastante difícil, más bien lo que desean es que se castigue a quienes cometieron el delito, los que manipularon la investigación y que se dilucide el paradero con pruebas científicas”, afirmó Santiago Aguirre, directivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

El directivo del Centro Prodh, una de las organizaciones que ha asesorado legalmente a los progenitores de las víctimas, resaltó que este año ha sido de avances en el campo del acceso a la justicia, si bien todavía quedan muchos pendientes por delante.

En el mes de marzo, por poner un ejemplo, se notificó que la Interpol viró una ficha roja para buscar en más de ciento noventa países a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Delincuente (AIC), a quien se le acusa de manipular la investigación de la desaparición de los estudiantes.

De igual forma, Carlos Gómez Arrieta, extitular de la Policía Federal Ministerial, se entregó a las autoridades y se le abrió un proceso penal por el delito de tortura contra Carlos Canto Salgado, uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa.

Asimismo se vinculó a proceso a Blanca Alicia Bernal Castilla, exagente del Ministerio Público Federal, quien participó en la construcción de la llamada Verdad Histórica, con la que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto aseveró que los estudiantes habían sido calcinados en un basurero de Cocula, Guerrero, y después sus cenizas fueron lanzadas al Río San Juan.

Un descubrimiento que ocurrió este año y que echó abajo la verdad histórica, conforme los abogados del caso y exactamente las mismas autoridades actuales, es la identificación de un resto óseo de Christian Rodríguez Telumbre.

Un hueso del pie derecho de Rodríguez Telumbre fue encontrado en la Barranca de La Carnicería, situada a ochocientos metros de distancia del basurero donde la extinta Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que habían sido calcinados los cuerpos.

Pese a estos avances, Aguirre insistió en que los familiares de los normalistas “no estarían a la expectativa de que se produzca una nueva versión explicativa, cuando estiman que lo que debería detallar el compromiso de esclarecimiento es cierto, justicia y paradero”.

Por otro lado, Vidulfo Rosales, otro letrado del caso, reconoció que a 6 años de haber ocurrido los hechos “el sentir es de mucho dolor por la parte de los progenitores de familia, mucha impotencia de no tener resultados tangibles y específicos, mas con la esperanza de que las cosas pueden pasear con este gobierno”.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, después de un mitin en la Urbe de México, Rosales resaltó que uno de los primordiales motivos por los cuales el caso se sostiene impune es por el hecho de que está dividido en juzgados de la Urbe de México, Estado de México, Guerrero y Tamaulipas, donde se toman determinaciones con diferentes criterios.

El dolor permanece
 

Joaquina García Velázquez recuerda cuando su hijo Martín Sánchez García, uno de los normalistas desaparecidos el veintiseis de septiembre de dos mil catorce, le prometió que tras estudiar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la iba a sacar de trabajar.

Martín tenía veinte años cuando decidió salir de la comunidad de Zumpango del Río en el ayuntamiento de Eduardo Neri para ir a estudiar, sin saber que no volvería a ver a sus progenitores y los amigos con los que siempre y en toda circunstancia jugaba futbol.

Doña Joaquina ha recorrido el país y ciertas zonas de USA para continuar demandando justicia a las autoridades, puesto que a ella le importa que le afirmen el paradero de su hijo y no cuántas personas han sido detenidas.

“Como madre te duele no poder hacer nada, llevamos prácticamente 6 años y no tenemos nada, es un sufrimiento horrible, hay noches en las que no podemos dormir por la angustia”. Y si bien han pasado 6 años del crimen, insiste en que sostiene la esperanza de ver a su hijo con vida.

Fuente: El Universal

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