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Corte da luz verde a consulta de juicio a expresidentes

La petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para efectuar una consulta popular con miras a enjuiciar a los expresidentes dividió los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que acreditó la realización del ejercicio.

Con 6 votos a favor y 5 en contra aprobaron la constitucionalidad para efectuar una consulta popular; no obstante, reelaboraron el interrogante planteada por el Titular del Ejecutivo federal.

De esta forma, de el interrogante planteada por López Obrador en la que meridianamente se cuestionaba sobre enjuiciar o bien no a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los ministros la ajustaron de la próxima manera: “¿Estás conforme o bien no en que se hagan las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las resoluciones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos dirigidos a asegurar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El proyecto de resolución fue efectuado por el ministro Luis María Aguilar, quien expuso su propuesta para declarar inconstitucional la consulta al estimar que es violatoria de los derechos humanos y que la Constitución prohíbe someter a consideración de la ciudadanía el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de justicia.

Los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá fueron quienes votaron contra el proyecto y en favor de la consulta.

Al tiempo que Javier Laynez Potisek, Fernando Franco, Regla Lucía Piña y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron en favor de la propuesta de Aguilar Morales.

En un alegato de prácticamente media hora, el ministro presidente Arturo Zaldívar fijó su postura contra el proyecto de Aguilar y recordó cuando la Corte no apoyó su propuesta sobre comenzar investigaciones en el caso ABC y llamó a sus compañeros a no perder esta nueva ocasión.

“Cuando ejercitamos la competencia revisora que la Constitución nos asigna, hemos de ser cuidadosísimos de no frustrar inapropiadamente los objetivos de una consulta”, apuntó Zaldívar.

“Esperaría que el día de hoy la Corte no desaprovechase la ocasión de aceptar, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos toca ser una puerta cerrada, sino más bien el puente que deje a todo el mundo intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional”, afirmó.

Consideró falso que la consulta implique una “exposición mediática estigmatizante” de los expresidentes y, en consecuencia, que pueda producir un efecto corruptor en las ocasionales investigaciones que se realicen”, resaltó.

Ríos Farjat consideró que el proyecto de Aguilar interpreta de forma recia y restrictiva el derecho a consulta popular. Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara afirmaron que de reconsiderarse la interpretación de la materia de la consulta, entonces votarían contra el proyecto. Costearon contra el proyecto y en favor de la constitucionalidad de la consulta ciudadana.

Gutiérrez Ortiz Mena explicó que para él, la materia de la consulta popular no había de ser entendida como vinculante a las facultades de la Fiscalía General de la República o bien de los jueces, sino más bien a las facultades discrecionales del Ejecutivo federal para investigar irregularidades de administraciones pasadas.

El ministro Pardo aseveró que, de establecerse esta reinterpretación en la materia de la consulta, podría declararse constitucional, mas definió su voto en favor del proyecto. De modo sorpresivo, el ministro Pérez Dayán rechazó la propuesta del comunicante.

El ministro Laynez Potisek señaló que no coincidió con los razonamientos de quienes se pronunciaron en favor de la consulta y de quienes han pedido reconsiderar la materia de exactamente la misma para ajustarla a la Constitución: “Me pregunto ¿desde en qué momento un Jefe de Estado, el Presidente, precisaría de una consulta como la prevista en el artículo treinta y cinco para hacer el ahínco o bien educar a sus órganos o bien autoridades administrativas que dependen del Ejecutivo para buscar elementos y a fin de que se haga justicia? La justicia no se consulta”, aseveró.

“Yo sé que esta no es una resolución simple y que resoluciones como la mía no son populares, es muy posible que una resolución de esta naturaleza, si continuara el apoyo al proyecto, no sea apoyada por la mayor parte de la población mexicana; no obstante, los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o bien para ganar popularidad, los poderes Ejecutivo y Legislativo sí, aparte de sus competencias y su expertise están ahí para recoger y actuar con arreglo al deseo de las mayorías, no de esta forma el Poder Judicial, jamás las fiscalías”.

Los ministros Franco González Salas y Piña Hernández votaron en favor del proyecto de Aguilar Morales: “Se pretende preguntar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar el delito”, afirmó Piña Hernández.

Tomada la resolución de acreditar la consulta y reelaborar el interrogante, el ministro Zaldívar ordenó avisar al Senado y cuando este reciba la resolución y la nueva pregunta, no va a poder alterarla sino más bien decretar si se efectúa o bien no la consulta.

 

Fuente: El Universal

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