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Cuadros del Partido del Trabajo, bajo la lupa de justicia boliviana

Las autoridades de Bolivia investigan a al menos veinte ciudadanos mexicanos —entre ellos cuadros del PT en Nuevo León, Veracruz y Oaxaca, y funcionarios del Congreso de la Urbe de México— por presuntamente intervenir en el proceso electoral presidencial de Bolivia en dos mil diecinueve en favor del partido de Evo Morales.

Documentos que actúan en la investigación efectuada por la Procuraduría General del Estado de Bolivia, a los que tuvo acceso a EL UNIVERSAL, especifican que la acusación es por haber cooperado con la autoridad electoral, a través del software Territorial Visor, para trastocar los resultados de la batalla.

En la acusación se apunta a Ramón Díaz Ávila, encargado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, como la persona que llegó en el mes de agosto de dos mil diecinueve a La Paz, Bolivia, al frente del equipo de mexicanos que participó en lo que es calificado actualmente, en el país de Sudamérica, como un “fraude electoral”.

En una línea de tiempo que está en la carpetita de investigación y de la que este diario tiene copia, Díaz Ávila llegó a Bolivia el doce de agosto de dos mil diecinueve en un vuelo de la compañía aérea LATAM, vía Lima, Perú. En este conjunto de mexicanos indagados figuran asimismo David Ariel García y Álvaro Iván Arce Cortez, señalados como los estrategas del sistema de informática Territorial Visor, que fue presentado a la autoridad boliviana a fin de que fuera incorporado en el proceso electoral.

Conforme con la Procuraduría General de Bolivia, en la investigación abierta sobre el fraude electoral que se realizó en dos mil diecinueve se halló que veinta mexicanos estuvieron implicados —y de manera directa en contacto— con el exministro de la presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana.

En la cronología elaborada por la procuraduría boliviana sobre el caso, desde agosto de dos mil diecinueve el equipo de mexicanos empezó a viajar a Bolivia para presentar el software Territorial Visor, el que contenía exactamente las mismas peculiaridades que el CUBO empleado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) de aquel país andino.

Se tienen datos de los vuelos de entrada y salida del conjunto de connacionales, como del hotel en el que se hospedaron y cuántos pisos emplearon, lo mismo que asambleas con funcionarios de gobierno en la Casa Grande del Pueblo (sede presidencial).

“El 1 de octubre de dos mil diecinueve, los mexicanos especialistas en inteligencia electoral Ramón Díaz Ávila, Álvaro Iván Arce Cortez y David Ariel García Portillo hicieron una demostración del sistema Territorial Visor en la Casa Grande del Pueblo.

“Los extranjeros [mexicanos] presentaron a Sergio Daniel Martínez Beltrán como el responsable de sistemas del Movimiento al Socialismo [MAS] y organizador [junto] con ellos. Con su cargo y autorizaciones concedidos por la presidente del Tribunal Supremo Electoral [TSE], Martínez tenía la misión de sacar información frágil de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y del TSE”, apunta la averiguación de la procuraduría.

Se halló que cuando García Portillo hizo la presentación de Territorial Visor este ya contenía los datos de cartografía, el censo, padrón electoral, bases de componentes, listas de votantes inhabilitados y fallecidos, entre otros muchos. “El objetivo de los mexicanos era elevar el porcentaje de votos en favor del MAS en las elecciones del  veinte de octubre”, señala la indagación de la autoridad judicial boliviana.

En la investigación se percata de que los connacionales salieron de Bolivia el veintitres de octubre de dos mil diecinueve en conjuntos separados, a bordo de vuelos de las compañías aéreas Avianca y LATAM.

Frente al anuncio oficial de la investigación, la Embajada de México en Bolivia propagó un comunicado el pasado siete de octubre, en el que rechazó cualquier acusación de intervención. 

En el comunicado, que fue difundido en redes sociales, la representación diplomática advirtió que el gobierno mexicano fue extraño a todo género de observación electoral internacional en el proceso que se desarrolló en Bolivia en dos mil diecinueve, y tampoco intervino en convidación alguna para las personas que están señaladas.

El veinte de octubre de dos mil diecinueve se hicieron las elecciones en Bolivia, en las que el antaño presidente Evo Morales procuraba una cuarta parte orden. El proceso electoral fue cuestionado.

La Organización de Estados Americanos (OEA), que fungió como observador electoral, realizó un informe en el que expuso irregularidades en el proceso. Frente a la presión, Evo convocó a nuevas elecciones, mas acabó dimitiendo al cargo y salió de su país con ayuda de México.

La Procuraduría General del Estado de Bolivia considera esta participación como una intervención extranjera en un acto soberano de resolución popular que ocasionó un quebranto de en torno a treinta y cinco millones de dólares estadounidenses, costo del proceso electoral que por último se declaró nulo.

“Ese es el motivo por el cual la procuraduría se ha visto en la necesidad de intervenir en este proceso”, refirió en entrevista con este diario el procurador boliviano, Alberto Javier Morales.

“Normalmente a la procuraduría, en Bolivia, se le asigna un rol de defensora de intereses patrimoniales, mas aquí asimismo hay un interés que afecta la soberanía nacional expresada en la fórmula democrática del voto, aparte del daño económico que se ha causado”, afirmó.

Fuente: El Universal

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