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En México hay libertad parcial de expresión y prensa: SIP

México padece “una limitación parcial de la libertad de expresión y prensa” en donde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienden a condicionar estos derechos con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los cronistas y la sociedad por norma general, concluye el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en la ciudad de Miami, E.U.. 

El estudio, que va a ser presentado esta semana en la setenta y seis Reunión Anual de la SIP, refleja que México así como Colombia, Panamá, Honduras, E.U., Rep. Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador viven una parcial libera de expresión. 

Mientras que Chile, Argentina, C. Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica, hay una baja limitación de estos derechos; en tanto en Brasil y Bolivia, la limitación es alta y en Nicaragua, Cuba y Venezuela, prácticamente no existe la libertad de expresión.

El índice, que examinó el periodo entre el 1 de mayo de dos mil diecinueve y el treinta de abril pasado, apunta que en el caso de México con cincuenta y cinco puntos de cien, se sitúa en el once lugar de los veintidos países del Continente Americano. 

El análisis fue elaborado con la opinión de ciento diez especialistas con una muestra de 5 personas por país: un periodista; un editor o bien directivo de medio; un especialista académico en materia de libertad de expresión; miembro de O.N.G. encargada de observar fenómenos relacionados con la libertad de expresión y prensa y el vicepresidente regional o bien un alto representante de la SIP en el país respectivo, sobre sobre las actuaciones del Estado y el impacto en situaciones desfavorables a la libertad de expresión vinculado con el desempeño de los 3 poderes de gobierno. 

Así “el panorama en materia de libertad de expresión que presenta el país en el periodo comprendido en este estudio, es de retrocesos. Aunque no puede aseverarse que la libertad de expresión esté maniatada, ciertas acciones institucionales del Estado mexicano tienden a condicionarla con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los cronistas y la sociedad en general”. 

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado la agenda informativa de los medios, con un estrellato exacerbado, en cuyos alegatos los ha estigmatizado y descalificado”, apunta el documento. 

Mientras que las acciones de los poderes Legislativo y Judicial han sido más omisas que ágiles y se han distinguido por estar alineados al Ejecutivo.
En el análisis relativo a una “ciudadanía informada y libre de expresarse”, se enmarcan en la estrategia de comunicación del gobierno federal que empezó el tres de diciembre de dos mil dieciocho, cuando se instauró “las mañaneras” como la primordial herramienta de comunicación política del nuevo gobierno. 

Empero, afirma el estudio, este modelo de comunicación “ha sido utilizado por el líder para enfrentarse con la prensa nacional y también internacional, estigmatizándola y descalificándola. Las consecuencias negativas para la ciudadanía se reconocen en la imposición por la parte del Ejecutivo de la agenda informativa, en la carencia de calidad de la información que comunica, como en el entorno de polarización que ha venido edificando entre el gobierno y la prensa, entre su  proyecto de la Cuarta Transformación (4T), y sus críticos en medios y redes sociales”.

En el caso del Poder Legislativo, en su mayor parte, las acciones han sido de carácter discursivo, puesto que en el periodo que se examina no se identificaron ideas de Ley orientadas a la actualización y mejoramiento de las disposiciones normativas en vigor en materia de libertad de expresión.

En el Poder Judicial, con base en los señalamientos de los especialistas referida a protección a cronistas, prosecución y también impunidad, la situación de años precedentes no ha alterado, sino se ha agravado en virtud del incremento de asesinatos a cronistas. 

En dos mil diecinueve se registraron diez homicidios, y a lo largo de los primeros 5 meses de dos mil veinte, 2 más. En conjunto, se han registrado doce asesinatos a cronistas de enero de dos mil diecinueve a mayo de dos mil veinte. La impunidad institucional en este renglón ha transformado a este país en uno de los más inseguros del planeta en esta materia. 

“Un factor que impulsó el aumento de agresiones en la Urbe de México fue la estigmatización de la prensa por el Estado. Hubo múltiples ataques a cronistas que cubren las ruedas de prensa matinales del Presidente o bien que publican artículos críticos sobre la administración del Ejecutivo”.

El informe critica que el presidente López Obrador “ha decidido anular o bien cancelar a cualquiera que busque cuestionar su relato”, y cuestiona el control y la polarización registradas a lo largo del último año. 

“Los ataques a la prensa y a la sociedad civil lanzados desde la silla presidencial, en forma de estigma, son intencionados, como cualquier otra agresión, y procuran transformar al mensajero en el mensaje”.

A forma de conclusión, el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa apunta que el Estado mexicano en sus 3 órdenes de gobierno sostiene con la sociedad una deuda pendiente en materia de libertad de expresión.

“Aun cuando en México no se viva la opresión sistemática propia de un dictadura de quienes ejercitan su derecho a expresarse en público mediante los diferentes medios y redes de comunicación, la abierta hostilidad del Ejecutivo a quienes ejercitan críticamente este derecho, su persistente descalificación a cualquier atisbo de cuestionamiento. 

“El control de la agenda mediática y su manifiesta indisposición para oír cualquier voz diferente a su visión de país y al contenido de sus resoluciones, comprometen el sentido mismo de la libertad de expresión propio de un régimen democrático.  Esto es, el control social del gobierno ejercido por una opinión pública robusta y una ciudadanía informada y participativa”.

Señala que el hostigamiento presidencial a la libertad de expresión crítica tiene su correlato en las condiciones de inseguridad que vive el periodismo mexicano, y cuya manifestación más cruda está en el homicidio de doce cronistas de abril del dos mil diecinueve a mayo del dos mil veinte (periodo de este estudio) y ciento treinta y cuatro del año dos mil a la data, cifra que pone a México como uno de los países más inseguros del planeta para el ejercicio de esta libertad.

“Es cierto que no se puede responsabilizar de forma directa al Estado mexicano de todos los delitos que se comenten contra quienes ejercitan el periodismo… mas sí de la impunidad prevaleciente y la carencia de la protección conveniente, a consecuencia de la ineficacia de las instancias públicas de procuración y administración de la justicia”. 

Fuente: El Universal

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